RUEDA DE PRENSA DE SERAFÍN ALCÁZAR CONCEJAL DEL PP,

CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2012

 

 
 

El concejal del PP, Serafín Alcázar compareció ante los medios para dar a conocer algunas de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de España. Se trata, en primer lugar, del Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes para la liberalización del comercio y de determinados servicios. En lo que a los Ayuntamientos concierne, este real decreto-ley tiene por objeto impulsar la actividad comercial minorista con la agilización de los trámites administrativos que afectan al inicio y al ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas. Por tanto,  los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados podrán iniciar su actividad sin ningún tipo de licencia previa respecto a las instalaciones o la actividad, exigiéndose únicamente una declaración responsable o comunicación previa en la que se manifieste el cumplimiento de la normativa vigente, ejerciéndose el control administrativo a posteriori.

El Real Decreto-ley adapta también la ley de haciendas locales para que el pago de la correspondiente tasa o impuesto se haga con arreglo a dicha comunicación previa, sin perjuicio de los ajustes que puedan derivarse del posterior control administrativo.

El concejal Popular se comprometió a velar para que el citado real decreto se aplique de inmediato en este Ayuntamiento, y se elaboren y faciliten de inmediato los correspondientes modelos de declaración responsable y comunicación previa.

Por otra parte, en materia de aguas, hizo referencia a la disposición incluida en el Real Decreto 17/2012 destinada específicamente a la regulación de la cesión de derechos de agua en el ámbito del Plan Especial Alto Guadiana. Según la citada disposición se autoriza la transmisión de derechos entre titulares de aprovechamientos, así como, en casos excepcionales, la adquisición de nuevas concesiones para los titulares de explotaciones agropecuarias. “Con ello”, afirmó el edil, “se facilita el que los derechos vayan a manos de quienes tienen necesidad de ellos, lo que demuestra que el favorecer al sector agrario es compatible con el respeto al medio ambiente y la legislación europea, se trata sólo de tener voluntad de hacerlo”.

En este mismo Real Decreto se devuelven al Estado central las competencias de policía de aguas, que el gobierno socialista había traspasado a determinadas Comunidades autónomas. Alcázar señaló que “el Partido Popular sostiene una postura firme en lo que al agua se refiere, cuya gestión debe obedecer a criterios geográficos e hidrográficos, y no a criterios administrativos. Si el criterio de unidad de Cuenca es irrebatible, carece de sentido que en una misma cuenca hidrográfica ejerzan una misma función dos administraciones diferentes”.

Por último, Alcázar comentó unas declaraciones del alcalde, Luís Día-Cacho, en las que insinuaba una posible prevaricación por parte del Gobierno de la Junta. El motivo aducido era un supuesto desvío de fondos europeos destinados a educación que, según el señor alcalde la Junta ha destinado a servicios básicos, previo compromiso, eso sí, de hacer efectivas con posterioridad las partidas correspondientes a educación. Alcázar afirmó que “puesto que prevaricar consiste en la toma de decisiones injustas a sabiendas por parte de la autoridad, y el dinero se ha destinado a servicios básicos que a mí me parece de justicia cubrir, parece algo severa la afirmación del señor alcalde, todo más y cuando él ha defendido el principio de caja única a la hora de gestionar el dinero de los solaneros. Cabría preguntar al señor Díaz-Cacho si cuando los funcionarios de este Ayuntamiento amenazaban con acusarle de prevaricar por priorizar otros pagos cuando a ellos se les adeudaban las nóminas es acertada o no. O si le pareció acertada la decisión del interventor de no autorizar un solo pago sin declaración escrita expresa del señor alcalde, no sé si por miedo a ser acusado de prevaricación”.

 
 
 

 

 

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